Con 62 años, Carmen tuvo que someterse a una histerectomía como consecuencia de un cáncer no descubierto a tiempo. Durante años relegó su salud para ocuparse de su madre enferma y apoyar en la crianza de sus nietos pequeños, hasta que aparecieron síntomas preocupantes a finales de 2023. Por falta de recursos no pudo entonces realizarse la citología, un examen contemplado en el Programa de Diagnóstico Precoz del Cáncer Cervicouterino en Cuba. 

Después de la intervención quirúrgica y las correspondientes sesiones de quimioterapia y radioterapia, no sabe todavía si el procedimiento ha sido efectivo. «Estoy agotada y el miedo no me deja dormir», dice la enferma. Ahora le corresponde a su hija mayor velar por ella.

Al igual que Carmen, Sandra es otra víctima de un diagnóstico tardío que la ha sumido en una situación de dependencia, según contó recientemente a Diario de Cuba. Con apenas 53 años, sus necesidades más básicas deben ser atendidas por una cuidadora a la que sus hijas pagan una mensualidad ante la imposibilidad de asumir su cuidado. La mayor reside en España; la menor, además de trabajar en el sector privado, tiene dos niños muy pequeños que demandan su atención.

Con voz que transmite una tristeza infinita en medio de una lucha por la vida que se ha prolongado más de lo esperado, Sandra dice que, después de todo, ha tenido suerte con su cuidadora, quien tiene conocimientos de enfermería y hace más llevaderos sus cuidados paliativos: «Me asea, me cambia las bolsas de la colostomía, me prepara los purés, logra que los ingiera aunque a veces no tenga el más mínimo apetito y sobre todo me hace olvidar un poquito la ausencia de mis hijas».

En medio del colapso de la sanidad pública en la Isla, una dura realidad impacta en la salud de las mujeres cubanas: la enorme carga que significa para ellas cuidar de los demás. La situación se agrava por políticas públicas fallidas, una población diezmada por el envejecimiento y el éxodo migratorio, y por la falta de recursos. En el último sexenio, las inversiones en salud pública y asistencia social no llegan al 2% de los ingresos del país. 

La mujer, el sostén de todo

Un estudio reciente del proyecto de Cubadata titulado Explorando futuros posibles para la democratización en Cuba mostró que el 60,6% de 10.248 cubanos encuestados tiene en sus hogares —como mínimo— una persona necesitada de cuidado continuo, y más de dos tercios convive con, al menos, un adulto mayor de 65 años.

Los resultados de la investigación arrojaron una carga desproporcionada sobre las mujeres en comparación con los hombres relacionada con el cuidado a otros, especialmente a la hora de rechazar ofertas de trabajo (29% vs. 19,6%), dejar de buscar empleo (16,7% vs. 9,6%), y abandonar sus trabajos (29,3% vs. 19,2%).

Para el especialista en análisis estadístico y autor del estudio, Arístides A. Vara Horna, estas diferencias de género reflejan las expectativas sociales y culturales en Cuba, donde las mujeres suelen asumir una mayor parte de las responsabilidades de cuidado. Vara Horna precisó que un mayor porcentaje de mujeres encuestadas afirmó que su salud ha sido afectada debido a las responsabilidades de cuidado.

Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) publicados en 2023 revelaron que las cubanas constituyen el 63,7% del total de la población no económicamente activa. De este último grupo, cerca de un tercio se ocupa exclusivamente de los «quehaceres del hogar».

En opinión de la abogada especializada en políticas sociales y familia, Maylin Fernández Suris, el estado cubano no provee alternativas institucionales para conciliar los cuidados de adultos mayores con el trabajo, lo que obliga a la familia, sobre todo a la mujer, a dejar a un lado su vida personal y profesional para dedicarse a atender a otros o «enfrentarse a una presión social y psicológica por no asumir el rol de cuidadoras».

«La falta de tiempo o recursos las obligan a posponer la atención médica, el autocuidado, las actividades recreativas y descanso, lo que puede llevar a enfermedades crónicas o problemas de salud mental. Si no se garantizan condiciones mínimas para los cuidadores, en poco tiempo podrían convertirse ellos mismos en dependientes de cuidados», alerta.

Ercilia, de 63 años, fue diagnosticada a finales de 2023 con principios de Párkinson, una enfermedad de la que también murió su madre. La hija de Ercilia emigró un año antes del diagnóstico y ella se quedó a cargo de sus nietas, dos niñas menores de edad.

«Me preocupa enormemente el futuro de esas niñas. Mi hija no ha regularizado su situación migratoria y aún no ha logrado levantar (prosperar) tras su llegada a Estados Unidos. Yo cada vez me siento menos capacitada para cuidar a las niñas», dice por teléfono en medio de un apagón, consciente de que será ella la que necesitará de cuidados en un futuro no lejano.

«La idea de terminar en un hogar para ancianos me da pavor y la de que las niñas no se reúnan pronto con su madre es aún peor que mi miedo a depender de terceros», confiesa la enferma, quien debe gestionar «por la izquierda» Alprazolán —un medicamento clave para su tratamiento, pero deficitario en la red de farmacias— que cuesta 1.000 pesos cada blíster de 20 tabletas en el mercado negro, casi el equivalente a la pensión mínima de 1.528 pesos en el país.

Drama poblacional y políticas sociales

En Cuba mueren más personas que las que nacen. Entre 2021 y 2023 nacieron 284.891 y murieron 405.512, o sea, tres nacidos por cada siete fallecidos, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). A la crisis se suma el éxodo creciente, principalmente hacia Estados Unidos, que supera los 700.000 cubanos en el periodo antes mencionado, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país (CBP, en inglés).

Las tres variables (nacimientos, defunciones y emigrantes) contribuyeron a que Cuba cerrara 2024 con apenas 9,7 millones de habitantes, según datos oficiales; cifra que pudiera reducirse a  8,6 millones, si solo se tiene en cuenta la población efectiva, calcula el demógrafo Juan Carlos Albizu Campos. Del total, más de un cuarto alcanza la ancianidad, con 60 años o más, único grupo poblacional que crece. En contraste, el grupo en edad joven (de 15 a 59 años), que incluye una alta representatividad de personas cuidadoras, se ha contraído en un 12%, lo que implica baja disponibilidad de asistencia con pronósticos alarmantes. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que para 2030 habrá en Cuba más de 24 octogenarios por cada 100 adultos mayores de 50 años. Para 2055 se espera que aumente el grado de dependencia hasta un 71%, lo cual indica una sobrecarga de los cuidadores.

Ante este panorama, las medidas del gobierno quedan muy por debajo de las demandas asistenciales, como ha alertado el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos Cuido60, que investiga la agudización de la crisis de cuidados en Cuba.

«No identificamos que las políticas sociales en Cuba hayan dado un giro positivo para tratar de paliar esta crisis. Lo que hemos visto en los últimos años es un cambio para transferir cada vez más la responsabilidad que antes desempeñaba el Estado hacia las familias, y en particular a las mujere», declara a Diario de Cuba la socióloga Elaine Acosta, directora de Cuido60.

El Código de Familias aprobado en 2022 mantuvo el principio de la responsabilidad familiar con las personas necesitadas de ayuda económica. La ley permite depositar la carga en los hombros de los ciudadanos y dejar al Estado prácticamente libre de compromiso con la asistencia social, algo que hunde en la desprotección a miles de ancianos cubanos en las circunstancias económicas actuales.

Los artículos 333 y 336 del código regulan la «guarda de hecho» como una institución de protección para los adultos mayores, donde personas cercanas, sin estar obligadas legalmente, asumen el cuidado personal y patrimonial. El Artículo 27 establece que no solo hijos, padres, cónyuges y parejas de hecho están obligados a proveer alimentos recíprocamente, sino que expande la responsabilidad a ascendientes, descendientes, familiares afines, hermanos, tíos y sobrinos. El Artículo 25 especifica que esta prestación incluye todo lo necesario para sustento, vivienda, vestido, salud, recreación y cuidado afectivo, así como los requerimientos educativos y de desarrollo para menores de edad.

A principios de febrero de 2024, tras medidas económicas aplicadas por el Gobierno, la Seguridad Social despojó de sus pensiones no contributivas a miles de personas imposibilitadas de trabajar. Varios casos de ancianos al cuidado de hijos y otros familiares cercanos contaron cómo perdieron las ayudas recibidas.

La especialista en derecho de familia, Fernández Suris, aclara que este asunto no es nuevo: "El Estado suple, o hace creer que suple, solo las necesidades de las personas que no cuentan con familiares en obligación y capacidad de brindarles ayuda, algo que está en la Ley de Seguridad Social".

Datos de la Encuesta sobre autocuidado, inclusión y ejercicio de derechos en Cuba (2024) de Cubadata revelaron que, efectivamente, quienes están a cargo de las personas necesitadas de cuidado son fundamentalmente miembros del entorno familiar (35,3%). Solo el 16,8% está a cargo de personas contratadas y el 15,9% está al cuidado de centros provistos por el Gobierno, cuyas capacidades no cubren la demanda nacional.

Hasta 2021, según cifras oficiales recogidas por el portal oficial Cubadebate, Cuba contaba con 300 casas de abuelos y 157 hogares de ancianos con capacidad para 26.335 personas, entre cuidados de día y admisión permanente. Esas capacidades ya resultaban insuficientes hace más de diez años, cuando el 18,3% de los cubanos tenía 60 años o más, según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2012. En 2020, se estimaba que el 15% de los ancianos en la Isla vivía solo, lo que los hace proclives a la contratación de asistencia estatal, cuyo precio se ha quintuplicado en los últimos años.

Con la implementación del Ordenamiento Monetario en enero de 2021, la tarifa de los hogares de ancianos aumentó de 217 a 1.260 pesos, muy cerca de la pensión para la asistencia social, que quedó establecida en 1.528 pesos. Esto quiere decir que los ancianos que dedicaron su juventud a la Revolución tienen que pagar, como mínimo, el 82% de sus pensiones por los cuidados en instituciones estatales, que no escapan a las críticas por las condiciones poco higiénicas y los maltratos que sufren sus residentes. 

«La protección social ha reducido el número de servicios de cuidados. En el caso de las personas mayores sigue siendo completamente deficitario», agrega Acosta, quien se refiere además al nacimiento de iniciativas privadas que han visto una oportunidad en el vacío de las instituciones estatales en el tema.

Privatización del cuidado y otras iniciativas independientes y estatales

TaTamanía, por ejemplo, se convirtió en la primera empresa privada del país dedicada al cuidado de personas mayores, en situación de discapacidad o enfermas, destaca la experta. La MIPYME ofrece servicios integrales y personalizados de cuidados en el hogar, así como de atención, cuidado y acompañamiento de los ancianos en los hospitales. Sin embargo, los precios fijados entre 170 y 220 pesos la hora resultan impagables para la mayoría de los cubanos. Para un anciano, un solo día de asistencia equivale a su pensión del mes.

«Se ha propiciado la mercantilización de esos servicios, lo cual es positivo, por un lado, porque abre la posibilidad de que nuevos actores privados puedan participar de esta distribución de responsabilidades, pero por otra parte eso también va dirigido a cierto sector con mayor poder adquisitivo que puede comprar estos servicios, ya sea de cuidadoras personales en el domicilio o a través de algunas agencias que se están dedicando a este tipo de labores», señala Acosta.

Son las remesas que envían los cientos de miles de emigrados las que permiten a TaTamanía prosperar sobre todo cuando su competencia son los deficientes cuidados que ofrecen las instituciones estatales.

En octubre de 2024 el Gobierno publicó el Decreto 109, Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, un nuevo instrumento legal encaminado a los cuidados que autoriza la gestión privada de casas de abuelos y cuidados de personas en condiciones de vulnerabilidad, también con participación estatal.

La secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Boué, dijo que la normativa publicada en la Gaceta Oficial permitirá dar respuesta a problemáticas que afectan en mayor medida a las mujeres cubanas obligadas a renunciar a sus proyectos de vida para convertirse en cuidadoras.

El Gobierno estableció una serie de principios y servicios que están muy bien sobre el papel, pero que chocan con la realidad de un país destruido por crisis sistemáticas, con un Estado incapaz de producir suficiente comida para la población y de pagar salarios y pensiones dignas, en opinión de las expertas consultadas.

Al respecto, Elaine Acosta, la directora de Cuido60 comenta que «pudiera pensarse que es una medida de política pública social positiva para paliar esta crisis de cuidados», sin embargo, el observatorio considera que su alcance «parece muy limitado».

Acosta expresa preocupación por la falta de claridad en la asignación presupuestaria para este sistema integral, teniendo en cuenta la disminución en el presupuesto destinado a los servicios sociales en los últimos años y se pregunta si el sistema será una mera reorganización de las instituciones existentes. 

Otra cuestión que preocupa a la socióloga tiene que ver con «las barreras legales» que obstaculizan el acceso a servicios de cuidados, de alimentación y otros, provistos por la sociedad civil independiente, sobre todo a adultos mayores y personas vulnerables. Por tanto, señala la necesidad de una ley de asociaciones para facilitar el trabajo de estos grupos y ayudar a mitigar la crisis.

Proyectos de organizaciones de la sociedad civil independiente que han alimentado y ofrecido asistencia médica elemental a ancianos, pobres y desvalidos se han visto obligados al cierre ante la persecución de sus promotores por parte del Gobierno y sus agentes de la Seguridad del Estado. Ha sido el caso del comedor de Capitán Tondique en Matanzas y varias iniciativas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago.

Para Acosta, es obvio que «son las mujeres las que continuarán sufriendo las consecuencias negativas de esta crisis de cuidados en un contexto social, económico y político de criminalización hacia la acción cívica y de mayor déficit de elementos esenciales para cuidar de cualquier persona, léase una alimentación adecuada, medicamentos y atención de salud y hospitalaria oportuna».

Un asunto no exclusivo de Cuba, pero que en la Isla se complica

Si bien la crisis de los cuidados no es un tema exclusivo de Cuba, sí está agravada por el éxodo masivo «que deja atrás una población envejecida necesitada de cuidados»; por la crisis económica «que divorcia el salario y las pensiones de la capacidad de satisfacer las necesidades básicas» y, además, por la ineficiencia del Estado en lo referente a «la protección tanto de cuidadores como de dependientes», advierte la abogada Maylin Fernández Suris.

En 2015, Emilia, una profesora de secundaria básica, viajó a España con su esposo Manuel, nacionalizado español. Hoy con 77 años de edad, cuida de él, un anciano de 83 años que padece Alzhéimer.

«Aquí nunca he trabajado, por tanto no he cotizado nada a la Seguridad Social. Lo que trabajé en Cuba, mi jubilación, no sirve de nada aquí. Es la misma situación de mi esposo», dice a Diario de Cuba. 

El Gobierno de Cuba no tiene convenios de Seguridad Social que permitan el reconocimiento de las cotizaciones cubanas en el sistema de pensiones de España, un hándicap con el que carga el emigrado, que no solo tiene en sus espaldas la ayuda económica a la familia en Cuba, sino que pierde años trabajados en su país de origen que pudieran tributar en su beneficio en el lugar donde ahora reside.

Sin embargo, Manuel recibe una «ayuda por dependencia» del Estado de bienestar español, «325 euros mensuales para su cuidado en el entorno familiar, sobre todo para costear sus medicamentos, pañales desechables y parte de su alimentación», cuenta Emilia. 

En España, 83.589 personas están inscritas en un convenio especial para cuidadores no profesionales de personas dependientes. De estas, el 87,9% son mujeres. Desde el 1 de abril de 2019, estos beneficiarios de la Ley de Dependencia española pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social sin pagar las cotizaciones, que son asumidas por la Administración General del Estado. Esto permite que los años dedicados al cuidado se integren en su vida laboral y generen derechos a prestaciones como la jubilación o la incapacidad permanente.

Emilia está adscrita a este contrato social y en un futuro podrá contar con una pensión por haber estado al cuidado de su esposo enfermo.

«Mis últimos años han sido muy duros, tanto en Cuba como en España. Estar al cuidado de una persona con la cabeza perdida es agotador. Mi esposo no me deja mucho margen para mí. Hay noches que prácticamente no duermo, pero no quiero pensar cómo sería ahora mismo en Cuba, lejos de mis hijos. Mi vecindario matancero sufre diariamente hasta 20 horas de apagones, personas muy queridas me cuentan lo que sufren para comer, adquirir una medicina y para transportarse», dice. 

En opinión de Fernández Suris, las políticas sociales en Cuba no alivian la crisis de los cuidados por las insuficientes garantías económicas que ofrecen a los cuidadores (por remuneración o por jubilación extraordinaria), y la pobre cobertura de las instituciones estatales para los cuidados.

Para la letrada, está claro que «en medio de la grave crisis económica y social que atraviesa la Isla el impacto de cuidar a otro es abrumador en las mujeres cubanas», quienes además se ven privadas de oportunidades educativas y profesionales y sujetas a estrés constante al intentar satisfacer las necesidades de la persona dependiente».

«Lo primero que tiene que cambiar son las condiciones de vida de los cubanos y cubanas. Que los pañales de adultos, las cremas, el mobiliario, desde sillas de ruedas hasta camas articuladas, no sean un lujo sufragado por un familiar o amigo residente fuera de Cuba», reclama la abogada. Agrega que no basta el reconocimiento legal de los cuidadores, si no viene acompañado de «garantías económicas y sociales efectivas» que permitan a quien renuncia a su trabajo por asumir el cuidado de un ser querido contar con un sostén económico para sus necesidades básicas.

«El Estado no puede desentenderse de los cuidados», sentencia.